En 4dlegal contamos con especialistas en compliance, movilidad sostenible y derecho laboral, capaces de diseñar y gestionar planes de movilidad totalmente adaptados a las necesidades de tu empresa. Nuestro servicio incluye:
Diagnóstico inicial y análisis de la movilidad actual del centro de trabajo.
Diseño del Plan de Movilidad conforme a la normativa vigente.
Asesoramiento jurídico integral para garantizar el cumplimiento legal.
Implementación de medidas sostenibles: transporte público, movilidad activa, teletrabajo, incentivos a la movilidad compartida, etc.
Seguimiento y actualización del plan según los requisitos legales.
El incumplimiento de la obligación de disponer del Plan de Movilidad Sostenible al Trabajo (PMST) para los centros afectados constituye una infracción leve. Las multas previstas oscilan entre 101 y 2.000 euros.
También se sancionan los incumplimientos relacionados con los informes de seguimiento, la falta de presentación del plan en plazo o el no remitir los datos requeridos. El plazo de prescripción de estas sanciones es relativamente corto, seis meses desde la comisión de la infracción.
📝 Consecuencias adicionales del incumplimiento:
Más allá de la multa, una empresa que no cumpla puede tener:
Pérdida de acceso a ayudas públicas o subvenciones vinculadas a la movilidad sostenible.
Riesgo reputacional, al incumplir obligaciones medioambientales y de responsabilidad corporativa.
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Resolvemos las dudas más habituales sobre los planes de movilidad sostenible al trabajo, quién está obligado y qué ventajas ofrecen.
Un Plan de Movilidad Sostenible al Trabajo es el documento que analiza los desplazamientos de los trabajadores entre su domicilio y el centro de trabajo, e identifica medidas para reducir su impacto ambiental y mejorar su seguridad y eficiencia. Incluye el diagnóstico de la movilidad actual, los objetivos de mejora, las medidas a implantar y los indicadores de seguimiento.
La Ley de Residuos y Suelos Contaminados obliga a las empresas con más de 250 trabajadores y centros de trabajo con más de 100 trabajadores en municipios de más de 50.000 habitantes a elaborar un Plan de Movilidad Sostenible. Además, determinadas comunidades autónomas y municipios han ampliado esta obligación a empresas de menor tamaño.
Las medidas más habituales incluyen el fomento del transporte público mediante bonificaciones o convenios con operadores, el impulso de la movilidad activa (bicicleta, caminar), la implantación o mejora del teletrabajo para reducir desplazamientos, el fomento del carpooling o vehículo compartido entre trabajadores, la electrificación de la flota de vehículos de empresa, y la instalación de puntos de recarga de vehículos eléctricos.
Las empresas que abonen a sus trabajadores el transporte público colectivo para desplazarse al trabajo pueden deducir el 100% del importe en el Impuesto de Sociedades. Además, los vales de transporte están exentos de IRPF para el trabajador hasta 1.500€ anuales. Algunas comunidades autónomas ofrecen también subvenciones específicas para la elaboración e implantación de planes de movilidad sostenible.
El Plan de Movilidad debe revisarse y actualizarse periódicamente, con carácter general al menos cada cuatro años, o antes si se producen cambios significativos en la empresa (traslado de sede, cambios en la plantilla, nuevas líneas de transporte público, etc.). También debe realizarse un seguimiento anual de los indicadores para verificar el cumplimiento de los objetivos.
Las medidas de movilidad sostenible forman parte de las acciones de reducción de emisiones de alcance 3 (emisiones indirectas de la cadena de valor) que las empresas deben reportar en sus informes de sostenibilidad conforme a los estándares ESRS. Disponer de un PMST documentado facilita el cumplimiento de los requisitos de divulgación de la CSRD.
Sí. 4DLegal elabora Planes de Movilidad Sostenible al Trabajo completos: diagnóstico de movilidad mediante encuesta a trabajadores, análisis de alternativas de transporte, propuesta de medidas, plan de implantación y sistema de seguimiento. El servicio incluye la documentación necesaria para acreditar el cumplimiento de la obligación legal ante la administración competente.
