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Resolvemos las dudas más habituales sobre las obligaciones de las empresas en materia de prevención de riesgos laborales y seguridad en el trabajo.
La Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales obliga a toda empresa con trabajadores a elaborar un Plan de Prevención, realizar una Evaluación de Riesgos de todos los puestos de trabajo, implantar medidas preventivas, garantizar la vigilancia de la salud de los trabajadores, formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos de su puesto, y disponer de un servicio de prevención propio o ajeno.
El Plan de Prevención es el documento que integra la actividad preventiva en el sistema de gestión de la empresa. Debe incluir la estructura organizativa de la prevención, las responsabilidades, las funciones, las prácticas, los procedimientos y los recursos necesarios. Es obligatorio para todas las empresas con trabajadores, con independencia de su tamaño o actividad.
La evaluación de riesgos es el proceso mediante el cual se identifican los peligros presentes en cada puesto de trabajo y se valora la probabilidad y gravedad de los daños que pueden producirse. Debe realizarla un técnico de prevención con la formación adecuada, ya sea del servicio de prevención propio de la empresa o de un servicio de prevención ajeno contratado externamente.
La Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social (LISOS) establece sanciones de hasta 819.780€ para las infracciones muy graves en materia de prevención. Además, los accidentes de trabajo derivados del incumplimiento pueden generar responsabilidad penal para los administradores y directivos de la empresa, recargo de prestaciones de la Seguridad Social de hasta el 50%, e indemnizaciones civiles a los trabajadores afectados.
La vigilancia de la salud es obligatoria cuando los riesgos del puesto de trabajo así lo aconsejan, cuando el trabajador lo solicite y cuando así lo establezca un convenio colectivo. En todo caso, debe ofrecerse a los trabajadores con carácter voluntario y realizarse por personal sanitario competente. Los resultados son confidenciales y el empresario solo tiene acceso a las conclusiones sobre la aptitud del trabajador.
La Ley 31/1995 obliga a que cada trabajador reciba formación teórica y práctica suficiente sobre los riesgos específicos de su puesto de trabajo y las medidas preventivas aplicables. La formación debe impartirse en el momento de la contratación y cuando cambien las condiciones de trabajo o se introduzcan nuevas tecnologías. Debe realizarse dentro de la jornada laboral o descontarse de ella.
El servicio de prevención propio está integrado en la empresa y sus técnicos son empleados de la misma. Es obligatorio para empresas de más de 500 trabajadores y para determinados sectores de alto riesgo. El servicio de prevención ajeno es una entidad externa acreditada por la autoridad laboral que presta los servicios de prevención de forma externalizada, opción válida y habitual para la mayoría de pymes.
