El servicio de cumplimiento normativo NIS 2 en Madrid es esencial para las organizaciones críticas y relevantes que deben adaptarse a la nueva directiva europea de ciberseguridad. NIS 2 amplía obligaciones, endurece sanciones y atribuye mayor responsabilidad a los órganos de gobierno.
Madrid, como capital financiera y centro de grandes corporaciones, es un entorno especialmente expuesto a riesgos cibernéticos y regulatorios. Contar con un plan sólido de cumplimiento supone asegurar continuidad de negocio, reputación y seguridad jurídica.
En 4D Legal ayudamos a las empresas madrileñas a evaluar su situación, diseñar el plan de cumplimiento y aplicar controles eficaces, integrando la normativa NIS 2 con otros marcos como ISO 27001 o ENS.
¿Qué incluye nuestro servicio de cumplimiento normativo NIS 2?
1. Análisis de aplicabilidad
• Revisión del encaje legal de tu organización dentro del marco NIS 2.
• Identificación de las obligaciones específicas según tu categoría (esencial o importante).
2. Diagnóstico de ciberseguridad
• Auditoría de políticas, procesos y sistemas.
• Análisis GAP frente a los requisitos de NIS 2.
• Evaluación de madurez en ciberresiliencia y gobernanza digital.
3. Diseño del plan de cumplimiento
• Hoja de ruta personalizada para cerrar brechas.
• Priorización de riesgos y controles de seguridad.
• Diseño de roles y responsabilidades internas.
• Planificación de pruebas de continuidad y respuesta ante incidentes.
4. Implementación y soporte
• Redacción o actualización de políticas de seguridad.
• Diseño del plan de gestión de incidentes.
• Acompañamiento en auditorías internas o externas.
• Capacitación del personal y concienciación directiva.
• Integración con otros marcos como ISO 27001, ENS, DORA o GDPR.
Casos de éxito
Evaluación y gestión de riesgos cibernéticos.
Notificación de incidentes significativos en plazos muy reducidos.
Gobernanza clara y directa: la responsabilidad recae sobre el consejo de administración.
Auditorías obligatorias internas y externas.
Medidas técnicas y organizativas para garantizar la ciberresiliencia.
Supervisión directa por parte de autoridades nacionales competentes.
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