Prevención de blanqueo de capitales en Granada

Preservando la transparencia en el ámbito financiero

Consultoría de de prevención de blanqueo de capitales en Granada

En Granada, una ciudad con un rico patrimonio cultural y un creciente sector económico, las empresas deben estar preparadas para cumplir con las estrictas normativas en prevención de blanqueo de capitales. En 4DLegal, proporcionamos servicios especializados para garantizar que tu negocio esté protegido y opere dentro del marco legal.

Adaptamos nuestras soluciones a las características del tejido empresarial de Granada, ofreciendo evaluaciones de riesgos, auditorías y la implementación de políticas y procedimientos efectivos. Estas acciones ayudan a prevenir actividades ilícitas y fortalecen la posición ética de tu empresa en el mercado.

Nuestro compromiso incluye también la formación de equipos en materia de prevención de blanqueo y el asesoramiento continuo, asegurando que cada aspecto del cumplimiento normativo se maneje con profesionalismo y precisión. Protege tus operaciones en Granada con el respaldo de un equipo experto en la materia.

Servicios de prevención de blanqueo de capitales:

La obligatoriedad de aplicar medidas de prevención de blanqueo de capitales

Las empresas que están obligadas a adaptarse a las normativas de Prevención de Blanqueo de Capitales o AML (Anti-Money Laundering):

Fondos de inversión, sociedades de inversión de capital, entre otros.
Entidades de crédito, establecimientos financieros de crédito e inversión
Entidades aseguradoras y reaseguradoras.
Profesionales (abogados, notarios, etc.) sujetos a prevención de blanqueo de capitales

Sanciones por no implementar prevención de blanqueo de capitales

Sanciones leves: Puede llegar hasta los 60.000€
Sanciones graves: Pueden acarrear de sanciones mínimas de 60.000 euros que pueden ascender hasta representar el 10% de los recursos totales de la entidad en caso de ser una organización empresarial
Sanciones muy graves: Pueden acarrear de sanciones mínimas de 150.000€ y cuyo importe máximo puede incrementarse hasta el 10% del total de los recursos propios del sujeto obligado

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