Prevención de blanqueo de capitales en Málaga

Preservando la transparencia en el ámbito financiero

Asesoría en prevención de blanqueo de capitales en Málaga

Málaga es un importante centro de actividad económica en el que las empresas deben cumplir estrictamente con las normativas de prevención de blanqueo de capitales. En 4DLegal entendemos las particularidades del mercado local y ofrecemos soluciones diseñadas para proteger tus operaciones financieras y garantizar el cumplimiento de las leyes aplicables.

Nuestros servicios en Málaga incluyen evaluaciones de riesgos, auditorías y la elaboración de políticas que fortalecen los sistemas internos de control. También proporcionamos formación especializada para tu equipo, asegurando que todos los involucrados comprendan y apliquen correctamente las normativas contra el lavado de dinero.

Con nuestra experiencia, ayudamos a las empresas de Málaga a salvaguardar sus activos y operar con transparencia. Nuestro objetivo es ofrecer soluciones legales efectivas que refuercen la confianza de tus clientes y colaboradores, al mismo tiempo que garantizamos el cumplimiento normativo.

Servicios de prevención de blanqueo de capitales:

La obligatoriedad de aplicar medidas de prevención de blanqueo de capitales

Las empresas que están obligadas a adaptarse a las normativas de Prevención de Blanqueo de Capitales o AML (Anti-Money Laundering):

Fondos de inversión, sociedades de inversión de capital, entre otros.
Entidades de crédito, establecimientos financieros de crédito e inversión
Entidades aseguradoras y reaseguradoras.
Profesionales (abogados, notarios, etc.) sujetos a prevención de blanqueo de capitales

Sanciones por no implementar prevención de blanqueo de capitales

Sanciones leves: Puede llegar hasta los 60.000€
Sanciones graves: Pueden acarrear de sanciones mínimas de 60.000 euros que pueden ascender hasta representar el 10% de los recursos totales de la entidad en caso de ser una organización empresarial
Sanciones muy graves: Pueden acarrear de sanciones mínimas de 150.000€ y cuyo importe máximo puede incrementarse hasta el 10% del total de los recursos propios del sujeto obligado

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